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21 ago. 2013

SENTENCIA PILOTO EUROPEA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS INTERNOS SISTEMÁTICOS O ESTRUCTURALES QUE CONLLEVAN A LA VIOLACIÓN CONTINUA Y REPETITIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS

NOCIÓN:


La sentencia piloto es el mecanismo mediante el cual la corte atreves de un análisis del número de  demandas presentadas ante ella por las mismas circunstancias o causas contra un estado contratante de la convención, encuentra que la violación de los derechos humanos no se debe a una acción en concreto u omisión aislada del estado atreves de sus agentes o con la participación de un particular y la aquiescencia del estado, sino que dicha violación se debe a que el país presenta un problema interno sistemático o estructural que  conlleva a la violación continua y repetitiva de los derechos Humanos o que determinada normatividad u practica administrativa en abstracto es potencialmente riesgosa y lesiva para los derechos humanos e indiscutiblemente conllevara a que los afectados en ultima ratio acudan al TEDH, por ello la corte reúne los casos más relevantes sobre el mismo hecho, emite un fallo de condena al estado contratante y a su vez en la sentencia solicita al estado contratante en un periodo determinado para adoptar las medidas necesarias para solucionar el problema sistemático y/o estructural identificado y emplear un mecanismo eficiente para resarcir los daños causados a los demás afectados, por ello al emitir dicha sentencia se suspenden las demás acciones contenciosas que se hayan presentado ante el TEDH para que sea el mismo estado que adopte soluciones, si en el plazo propuesto el estado no adopta soluciones, el tribunal seguirá condenándole con las mismas sumas de dinero que de hecho son bastante altas y conminándolo a adoptar las soluciones a su problema interno.  A ello se suma que cuando dicha sentencia es emitida esta también tiene una supervisión política de cumplimiento por parte del consejo Europeo.

PERFIL GENERAL


Después del flagelo y los hechos atroces ocurridos en la primera y segunda guerra mundial, la consolidación histórica de declaraciones y garantías de determinados derechos humanos en las constituciones políticas de cada país. Y luego de la consolidación de la organización de Naciones Unidas en adelante (ONU)[1]  cuyo fin primordial será Mantener la paz y la seguridad internacional, y dentro de sus fines realizar la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Se propiciara un mismo objeto común por parte de todos los países civilizados que vendrá a ser concretado con la declaración Universal de los derechos Humanos en 1948 que aunque no es vinculante es la piedra angular de los DDHH y demostrara el sentir de las naciones ósea el ideal común el cual predomina en la actualidad;  lo anterior se circunscribirá en la teoría de que un primer paso fue la unificación de dichos derechos con la declaración Universal de los derechos humanos de 1948 y su consolidación con los pactos de: derechos civiles y políticos y el pacto de derechos económicos y sociales de 1966 y que a partir de los 70; se desarrollara una especificidad por derechos o por género “mujer, niñez, minorías, etc.” para garantizar por medio de diferentes mecanismos su plena satisfacción. casi al mismo tiempo se verá una regionalización para la  protección de los derechos humanos en los continentes; tal es el caso que en el ámbito regional  Americano se creara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Sistema de protección de derechos humanos en el ámbito regional Africano se creara la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos y la Corte Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos y en el Sistema de protección de derechos humanos en Europa estará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) o "Tribunal de Estrasburgo" y el  Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o "Tribunal de Luxemburgo" y la Comisión Europea, junto con el Defensor del Pueblo Europeo y un sistema de protección de los derechos humanos arabo islámico.

Los Sistemas regionales de protección de derechos humanos son entonces consonancia de la Carta de las naciones unidas de 1945[2] concretamente están contenidos en los  Art 54 y 55 y se conforman originalmente como una reafirmación de la Declaración universales de derechos humanos del 10 de diciembre de 1948 y los pactos subsiguientes de 1966; En dichos sistemas se prevé un  recurso efectivo de toda persona cuyos derechos y libertades hayan sido violados de recurrir subsidiariamente a una instancia internacional, instancia prevista ante la violación de los derechos humanos por  un daño consolidado  y cuyo requisito será acudir de forma individual, excluyendo en principio que la sentencia individual ampare a otros sujetos también afectados por la misma violación.  

Lo Anterior fue resuelto por medio del tribunal europeo de derechos humanos TEDH, y cuyo resultado va a ser que dicho sistema avance y este a la vanguardia respecto a los otros sistemas regionales en la protección de los derechos humanos, ya que Introduce en la evolución del sistema mecanismos innovadores, como es el caso de la sentencia piloto, quien tiene origen en la jurisprudencia del tribunal europeo de derechos humanos TEDH y luego viene a ser reconocido como parte de la convención europea de derechos humanos [3].

La denominada sentencias piloto tiene reconocimiento en la sentencia Broniowski contra Polonia de junio de 2004, El asunto Broniowski constituye la primera ilustración en la materia[4]. En dicho asunto versa sobre la compatibilidad con el Convenio de una disposición legislativa que afectaba a un gran número de persona, más precisamente a ochenta mil, el Tribunal vino a concluir por vez primera que existía una violación sistemática; según el Tribunal, la violación tenía su origen en un problema a gran escala resultante de una disfunción de la legislación polaca y de una práctica administrativa, y que había afectado, y todavía y/o podía afectar en el futuro, a un gran número de personas: En consecuencia, el Tribunal declaraba claramente que se imponían medidas generales a nivel nacional, medidas que debían tomar en consideración a las numerosas personas perjudicadas y que debían ser adecuadas para paliar la deficiencia estructural que se desprendía de la constatación de violación declarada por el Tribunal. Éste precisaba además que dichas medidas debían comprender un mecanismo apto para ofrecer a las personas lesionadas una reparación por la violación declarada del Convenio. El Tribunal por lo anterior decidió congelar el examen de los asuntos pendientes a la espera de la adopción de un mecanismo interno de reparación. 

Durante varios años, el Tribunal Europeo había multiplicado las excepciones a la regla sagrada de la prohibición de indicar al Estado las medidas a adoptar a título de ejecución de las sentencias. El Tribunal se había mostrado más propicio a la hora de multiplicar esas excepciones en el ámbito de las medidas individuales. Los litigios referentes al derecho de propiedad han constituido el terreno elegido para las primeras excepciones; la petición de restitución del bien, por lo demás, adquiere un valor más vinculante desde el momento en que figura en la parte dispositiva de la sentencia[5]. Más frecuentemente, el Tribunal recomienda asimismo, cada vez en más asuntos, la re-apertura de los procedimientos judiciales internos, cuando entiende que con ello se procede al restablecimiento más apropiado del derecho o derechos vulnerados[6]. El contencioso más ilustrativo en este terreno es el del enjuiciamiento de individuos ante tribunales que no respeten el principio de independencia o de imparcialidad. Pero el Tribunal ha precisado que esta re-apertura debe contar con el acuerdo de la propia víctima y desarrollarse ante un tribunal que respete las garantías del artículo 6[7].

La sentencia piloto va acompañada de una prioridad que en el estadio actual concede el Tribunal Europeo el artículo 46 con respecto al artículo 41; y va a la par igualmente de las transformaciones del cometido del Tribunal Europeo instauradas mediante la reforma del Protocolo núm. 14. A través de la técnica de las sentencias piloto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pretende  ayudar a los Estados y facilitar en el ámbito de la ejecución de las sentencias.

Víctor Mosquera Marin 
Correo Electrónico: victormosqueramarin@gmail.com
Twitter: @victormosqueram
Skype: victor.javier.mosquera.marin



[1] ONU, Carta de las Naciones Unidas; La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es parte integrante de la Carta. Tomada de la página de Internet de la ONU http://www.un.org/es/documents/charter/intro.shtml
[2] Carta de las Naciones Unidas  del 26 de junio de 1945  firmada en San Francisco,  “Artículo 54 Se deberá mantener en todo tiempo al Consejo de Seguridad plenamente informado de las actividades emprendidas o proyectadas de conformidad con acuerdos regionales o por organismos regionales con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales” y el Artículo 55 “Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá:  c) el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades” disponible en http://www.un.org/spanish/aboutun/charter.htm#Cap8
[5] TEDH, sentencia de 19.10.2006, Raicu contra Rumania, Sección tercera: el Tribunal Europeo requiere al Estado para que restituya el apartamento, previendo en su defecto la suma correspondiente a pagar.
[6] TEDH, sentencia de 19.10.2006, Abdullah Altun contra Turquía, Sección tercera, (relativo a una violación del artículo 6.1
[7] TEDH, sentencia de 2.2.2006, Duran Sekin c/Turquie, Sección tercera.

18 ago. 2013

FISCAL de la Corte Penal Internacional pone en Jaque el Marco Legal para la Paz.

La Fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda[1] se ha pronunciado en tres ocasiones en menos de un año respecto al Marco Jurídico Para la paz[2]. Su intervención debe ser considerada como autoridad jurídica legítima internacional en materia penal; lo que quiere decir que sus pronunciamientos serán vinculantes, se constituyen como prueba de fundamento suficiente para abrir una investigación y determinara la admisibilidad ante la Corte Penal Internacional por encontrar que el estado que tiene jurisdicción no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo con fundamento en artículo primero del Estatuto de Roma[3]:

La Primera intervención tiene ocasión en el Documento denominado “Situación en Colombia Reporte Intermedio[4] de Noviembre 2012, en él se establece que Colombia va por buen camino al  dar resultados en la investigación, juzgamiento y condena en ausencia, contra los grupos de las FARC y ELN por crímenes internacionales tipificados en el estatuto de Roma.


“160. Según la información disponible, se han abierto actuaciones judiciales nacionales contra numerosos miembros de las FARC y el ELN, incluidos altos mandos, de conformidad con la legislación colombiana ordinaria. Hasta la fecha de publicación de este informe se han dictado condenas contra 218 miembros de las FARC y 28 del ELN por conductas que constituyen crímenes de competencia de la Corte, entre ellos asesinato, desplazamiento forzado, toma de rehenes, tortura y reclutamiento de niños. Algunos altos mandos, entre ellos los jefes de las FARC y del ELN y sus respectivos segundos, han sido condenados in absentia. La información disponible indica que ocho miembros actuales o antiguos miembros del Secretariado de las FARC, su más alto órgano director; y cuatro miembros actuales del Comando Central del ELN han sido condenados in absentia (véase el anexo)”[5]

Sin embargo advierte que se corre el peligro que este avance se constituya como una justicia no autentica, al indicar que si bien es cierto existe investigación, juzgamiento y condena in absentia (en ausencia) a los Grupos de las FARC y ELN por los crímenes atroces y tipificados en el estatuto de Roma, es necesaria la privación efectiva a la libertad de los máximos responsables, y que existe la posibilidad de que el Marco Legal para la Paz tenga repercusiones en el desarrollo de dicho objetivo haciendo de ello una justicia no autentica, ineficaz  e  inhibiendo el último elemento constitutivo y lógico de la justicia penal internacional que es la pena privativa de la libertad art 77 del Estatuto de Roma, lo que conlleva a que se quebranten valores, principios y derechos de la humanidad propios del Ius Cogens y en consecuencia dando impunidad a los actores de los Crímenes más atroces

“201. El 19 de junio de 2012, el Senado colombiano aprobó el Marco Legal para la Paz. Esta ley introdujo los artículos transitorios 66 y 67 a la Constitución Política y estableció una estrategia de justicia transicional que incluye el establecimiento de prioridades y la selección de casos correspondientes a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra; la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados; y la suspensión de la ejecución de penas seleccionadas. La Fiscalía toma nota de la reciente publicación de la Directiva 0001 de 2012 de la Fiscalía General de la Nación, referente a la priorización de casos273
203. Existe la posibilidad de que el Marco Legal para la Paz tenga repercusiones en el desarrollo de las actuaciones nacionales relativas a crímenes de competencia de la CPI y en la evaluación de la admisibilidad de casos ante la misma; por lo tanto, su aplicación guarda una relación directa con el examen preliminar de la situación en Colombia[6] (véase anexo)

La segunda Intervención de La Fiscal de la Corte Penal Internacional viene a darse el 27 de Julio de 2013, en esta se centra exclusivamente en el Marco Jurídico para la Paz a petición de la Corte Constitucional Colombiana;  en ella se enfatiza que cualquier suspensión de penas por crímenes atroces o la no investigación o enjuiciamiento de los mismos es la negación de la justicia y su no autenticidad; debido a que impediría en la práctica el castigo de quienes han cometido los crímenes más graves,  ya que el estatuto y otros instrumentos internacionales reiteran la obligación no solo de investigar y perseguir, sino de castigar a los perpetuadores de tales crímenes “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo”.


“una condena que sea grosera o injustificadamente inadecuada, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la forma de participación del acusado, invalidaría la autenticidad del proceso judicial nacional, aun cuando las etapas del procesos hayan sido auténticas. Debido a que la suspensión de la pena de prisión significa que el acusado no pasa tiempo recluido, quisiera advertir que se trata de una decisión manifiestamente inadecuada para aquellos individuos que supuestamente albergan la mayor responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La decisión de suspender la pena de prisión de tales personas sugeriría que el proceso judicial promovido tiene el propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal, según lo establecido en los artículos 172(c) y 20(3)(a) o, de forma alternativa que el proceso judicial fue conducido de manera tal que resulta inconsciente con la intención de someter a las personas a la acción de la justicia, bajo los artículos 17(2) y 20(3)(b)”[7] (véase anexo)

Este Documento en aspectos prácticos resume la opinión internacional Opinio juris sive necessitatis "obligación de cumplir un deber jurídico” porque determina que el Derecho Imperativo IUS COGENS[8] obliga a castigar a los máximos responsables de los crímenes internacionales. Delimitando el margen de apreciación de un País en la justicia transicional como mecanismo de resolución de conflictos; ya que impone y exige al estado un mínimo de justicia real y autentica para conceder reducción de pena para el responsable de los crímenes más atroces: 1. Cumpla condiciones de desmovilización y desarme. 2. Garantice la no repetición de los hechos delictivos. 3. Reconozca su responsabilidad penal. 4. Participe plenamente en los esfuerzos por establecer la verdad sobre los delitos más graves. 5. Prohibición de participar en la vida pública. Y que en todo caso no se podrá llevar a cabo concesión de perdón porque que está prohibida para crímenes que han adquirido el estatus de derecho imperativo en derecho internacional.

“En las circunstancias particulares que representa el esquema de justicia transicional que esta diseñado para terminar conflictos armados, se exige que el perpetrador cumpla condiciones de desmovilización y desarme, garantice la no repetición de los hechos delictivos, reconozca su responsabilidad penal, participe plenamente en los esfuerzos por establecer la verdad sobre los delitos más graves. Estas circunstancias sumadas a la prohibición de participar en la vida pública, podrían justificar la reducción de la pena, siempre que la condena inicial sea proporcional a la gravedad del crimen Sin embargo, la suspensión total de la pena podría llevar a la concesión de perdón que está prohibida para crímenes que han adquirido el estatus de derecho imperativo (ius cogen) en derecho internacional[9] (véase anexo

En la última intervención del 7 de agosto de 2013 de la Fiscal de la Corte Penal Internacional se aclara un principio procedimental y de Jurisdicción de la corte penal internacional "aut dedere, aut judicare” o Colombia investiga,  juzga, condena y priva de la libertad a los máximos responsables de los crímenes más atroces o  la hará la Corte penal Internacional con base en la Jurisdicción subsidiaria.  
“Como se explicó en documentos anteriores de la política de la oficina, la estrategia de enfocarse en aquellos que tengan la mayor responsabilidad en la realización de crímenes puede generar una “brecha de impunidad”, a menos que las autoridades internas, la comunidad internacional y la Corte trabajen de manera conjunta para garantizar que se usen todos los medios apropiados para aplicar la justicia a otros perpetradores. En otras palabras, la oficina funciona con un enfoque de dos fases o niveles para combatir la impunidad. Por un lado, iniciará los procesos de los jefes que tengan la mayor responsabilidad por los crímenes. Por otro lado, incentivará que se adelanten procesos a nivel interno, siempre que sea posible, para transgresores de menor responsabilidad, o trabajará con la comunidad internacional para garantizar que los responsables se lleven ante la justicia por otros medios

A la luz de lo anterior, deseo de la manera más respetuosa enfatizar que la estrategia procesal de mi despacho no debe considerarse como una autoridad, precedente o directriz para interpretar los parámetros de las obligaciones jurisdiccionales internas con relación a la investigación o procesamiento de crímenes internacionales. Con fundamento en el Estatuto, la CPI continúa teniendo jurisdicción sobre los autores que han cometido crímenes establecidos por la CPI en los territorios de los estados parte tales como Colombia, aun cuando, como asunto de política, no sean seleccionados para procesar bajo los términos de la estrategia procesal de mi despacho. A este respecto, el Estatuto recuerda que “es obligación de cada estado ejercer su jurisdicción penal sobre aquellos responsables de crímenes internacionales”, mientras afirma que dichos crímenes “no deben quedar sin castigo y que se debe garantizar su eficaz enjuiciamiento tomando las medidas a nivel interno y por medio del incremento de la cooperación internacional[10] (véase anexo)

Ignorantia iuscogens neminem excusat, una ley Nacional puede proponer en su margen de apreciación lo que a su bien tenga por la autodeterminación consagrada en los tratados internacionales, lo que no osta o impide que dicha ley sea obstáculo para aplicar el Ius Cogens, es de recordar que el régimen nazi y sus atroces actuaciones estaban convalidados por la leyes alemanas de ese entonces lo que no impidió que se juzgara por la comunidad internacional sus atrocidades.

NOTA: Desde el 1 de  noviembre de 2009 hasta la fecha, las FARC y el ELN han cometido presuntos crímenes graves de competencia complementaria de la Corte Penal Internacional, tal es el caso de que estos grupos (el 9 de octubre de 2007 se encontraron los cuerpos de cuatro campesinos que habían sido secuestrados por el ELN en el municipio de Fortul, departamento de Arauca Asimismo, en marzo y agosto del mismo año, las FARC y el ELN presuntamente  mataron a más de 20 civiles en el mismo departamento, También se ha atribuido responsabilidad a las FARC por el asesinato de 10 indígenas Awá en Nariño, en febrero de 2009. Se reportó que, después de los asesinatos, las FARC prohibieron a la población civil que denunciara los crímenes bajo amenaza de muerte. El 6 de marzo de 2003, las FARC presuntamente mataron a 5 miembros de la comunidad indígena Murui en La Tagua, municipio de Puerto Leguizamo, departamento de Putumayo)[11]


Twitter: @victormosqueram Publicación original para la Revista @Kineyke, All Rights Reserved - en http://www.kienyke.com/kien-bloguea/fiscal-de-cpl-pone-en-jaque-al-marco-juridico-para-la-paz/


Víctor Mosquera Marin 
Correo Electrónico: victormosqueramarin@gmail.com
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Skype: victor.javier.mosquera.marin


[2] El 19 de junio de 2012, el Senado colombiano aprobó el Marco Legal para la Paz. Esta ley introdujo los artículos transitorios 66 y 67 a la Constitución Política y estableció una estrategia de justicia transicional que incluye el establecimiento de prioridades y la selección de casos correspondientes a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra; la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados; y la suspensión de la ejecución de penas seleccionadas. La Fiscalía toma nota de 66 la reciente publicación de la Directiva 0001 de 2012 de la Fiscalía General de la  Nación, referente a la priorización de casos.
[3] “La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto”
[8] artículo 53 de la Convención de Viena de 23 de mayo de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, al mismo tiempo que declara la nulidad de cualquier tratado contrario a una norma imperativa, se codifica por vez primera la noción de ius cogens desde la perspectiva de la relación entre el Estado y la norma misma. Incluso en el artículo 64 del mismo cuerpo legal se vuelve a reafirmar el carácter supremo del derecho imperativo con respecto a la norma convencional. Si bien, en la norma convencional no se expresa un catálogo de normas de ius cogens, sino que esta determinación se deja a la práctica y a la jurisprudencia internacional.